11  SOBRE REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO  —

JEFATURA DEL ESTADO  —  LEY DE 1 DE MARZO DE 1940 

Núm . 62  BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO — Página 1539

Acaso ningún factor, entre los muchos que han contribuido a la decadencia de España, influyó tan perniciosamente en la misma y frustró con tanta frecuencia las saludables reacciones populares y el heroísmo de nuestras Armas, como las sociedades secretas de todo orden y las fuerzas internacionales de índole clandestina. Entre las primeras, ocupa el puesto más principal la masonería, y entre las que, sin constituir una sociedad secreta propia mente, se relacionan con la masonería y adoptan sus métodos al margen de la vida social, figuran las múltiples organizaciones subversivas en su mayor parte asimiladas y unificadas por el comunismo. 

En la pérdida del imperio colonial español, en la cruenta guerra de la Independencia, en las guerras civiles que asolaron a España durante el pasado siglo, y en las perturbaciones que aceleraron la caída de la Monarquía constitucional y minaron la etapa de la Dictadura, así como en los numerosos crímenes de Estado, se descubre siempre la acción conjunta de la masonería y de las fuerzas anarquizantes movidas a su vez, por ocultos resortes internacionales. Estos graves daños inferidos a la grandeza y bienestar de la Patria se agudizan durante el postrer decenio y culminan en la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola que  se propuso hacer de nuestra España satélite y esclava de la criminal tiranía soviética.

Al levantarse en armas el pueblo español contra aquella tiranía, no cejan la masonería y el comunismo en su esfuerzo. Proporcionan armas, simpatías y medios económicos a los opresores de la Patria, difunden, so capa de falso humanitarismo, las más atroces calumnias contra la verdadera España, callan y escuchan los crímenes perpetrados por los rojos, cuando no son cómplices en su  ejecución y, valiéndose de toda suerte de ardides y propagandas, demoraron nuestra victoria final y prolongaron el cautiverio de nuestros compatriotas.

Son muy escasas y de reducido alcance las órdenes y disposiciones legales adecuadas para castigar y vencer estas maquinaciones. El Decreto de diecinueve de julio de mil novecientos treinta y cuatro resultó ineficaz por su vaguedad al enunciar el delito o por circunscribirse a un  determinado sector. Sin que por ahora se pretenda establecer la norma definitiva y total sobre esta materia, se hace ya indispensable determinar la calificación jurídica y sanciones que merecen los que todavía secundan la masonería o el comunismo y demás sociedades secretas y organizaciones contrarias al orden social. Con ello, se pone un valladar más firme a los últimos estertores de las tuerzas secretas extranjeras en nuestra Patria y se inicia la condenación social de las organizaciones más perniciosas para la unidad, grandeza y libertad de España.

Mas en estas disposiciones no se debe olvidar la conducta de los que, habiendo pertenecido ocasionalmente a dichas entidades, reaccionaron a tiempo y rompieron con ellas para entregarse denodadamente al servicio de la Patria, lavando a veces con sangre heroica los yerros cometidos. Acogiendo tales postulados/ no hacemos sino mantenernos fieles a los principios cristianos y a la  generosidad del Movimiento Nacional.

En su consecuencia,

D I S P O N G O:

Artículo primero.— Constituye figura de delito, castigado conforme a las disposiciones de la presente Ley, el pertenecería la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se refieren los artículos siguientes. El Gobierno podrá añadir a dichas organizaciones las ramas o  núcleos auxiliares que juzgue necesario y aplicarles entonces las mismas disposiciones de esta Ley debidamente adaptadas.

Artículo segundo.— Disueltas las indicadas organizaciones, que quedan prohibidas y fuera de la Ley, sus bienes se declaran confiscados y se entienden puestos a disposición de la jurisdicción de responsabilidades políticas.

Artículo tercero.— Toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la Masonería o del Comunismo o siembre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social, será castigada con la supresión de los  periódicos o entidades que la patrocinasen e incautación de sus bienes, y con pena de reclusión mayor para el principal o principales culpables, y de reclusión menor para los cooperadores.

Artículo cuarto.— Son masones todos los que han ingresado en la masonería y no han sido expulsados o no se han dado de baja de la misma o no han roto explícitamente toda relación con ella, y no dejan de serlo aquéllos a quienes la secta ha concedido su autorización, anuencia o conformidad, bajo cualquier forma o expediente, para aparentar alejamiento de la misma. A los efectos de esta Ley se consideran comunistas los, inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskistas, anarquistas o similares.

Artículo quinto.— A partir de la publicación de esta Ley, los delitos de masonería y comunismo definidos en el artículo cuarto, serán castigados con la pena de reclusión menor. Si  concurriera alguna de las circunstancias agravantes expresadas en el artículo sexto, la pena será de reclusión mayor.

Artículo sexto.— Son circunstancias agravantes dentro de la calificación Masónica, el haber obtenido alguno de los grados del dieciocho al treinta y tres, ambos Inclusive, o el haber tomado parte en las asambleas de la asociación masónica internacional y similares, o en las asambleas nacionales del Gran Oriente Español, de la Gran Logia Española o de otras cualesquiera organizaciones masónicas residentes en España o el haber desempeñado otro cargo o comisión que acredite una especial confianza de la secta hacia la persona que la recibió.

Son circunstancias agravantes, dentro del comunismo, el figurar en los cuadros de agitación, en las jefaturas y en los núcleos de enlace con las organizaciones extranjeras y el haber participado  activamente en los congresos comunistas nacionales o extranjeros.

Artículo séptimo.— Quienes en tiempo anterior a la publicación de esta Ley hayan pertenecido a la masonería o al comunismo, en los términos definidos por el artículo cuarto, vienen obligados a formular ante el Gobierno una declaración retractación en el plazo de dos meses y conforme al modelo que las disposiciones reglamentarias establezcan, en la cual se haga constar aquel hecho así como las circunstancias que estimen i pertinentes y, señaladamente, si concurriese alguna de ellas, las determinadas en los artículos sexto y décimo.

Artículo octavo.— Sin perjuicio de la persecución de otros delitos que hubieran cometido las personas comprendidas en el artículo anterior, aquéllas en que no se reconozca alguna excusa absolutoria, quedarán separadas definitivamente de cualquier cargo del Estado, Corporaciones públicas u oficiales, entidades subvencionadas y empresas concesionarias, gerencias y consejos de administración de empresas privadas, así como cargos de confianza, mando o dirección en las mismas, decretándose, además, su inhabilitación perpetua para los referidos empleos y su confinamiento o expulsión. Asimismo, serán sometidos a procedimiento para imposición de sanción económica, conforme a la Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve.

Se considerará circunstancia atenuante el suministrar información o datos interesantes sobre actividades de la secta, sobre los que iniciaron o fueron jefes o compañeros en ella del declarante y, en general, sobre otros extremos que puedan servir con eficacia al propósito de la presente Ley.

Artículo noveno.— Si no presentasen la declaración retractación a que se refiere el artículo séptimo, dentro del plazo indicado, o facilitasen datos falsos u ocultasen aquellos otros que,  conocidos por el interesado, tuviese éste obligación de declarar, quedarán sujetos a las sanciones previstas en el artículo quinto, sin que puedan beneficiarse de las excusas absolutorias a que se  refiere el artículo siguiente.

Artículo décimo.— Sin perjuicio de la obligación de presentar la declaración retractación prevenida en el artículo séptimo, podrán considerarse excusas absolutorias que eximan de las medidas y sanciones del artículo octavo, las siguientes:

a) Haber servido como voluntario desde los primeros momentos en que hubiera sido posible en los frentes de guerra, durante más de un año, ya en los Ejércitos nacionales, ya en las Milicias, y con cualquier grado, observando, además, conducta ejemplar en todos los órdenes, a juicio de sus jefes, y, en su caso, de sus compañeros de armas. En el caso de que se trate de personal en quien haya concurrido esta circunstancia, con carácter distinto del de voluntario, como profesionales o movilizados, se podrá apreciar la excusa absolutoria si, además, se hubieran distinguido  especialmente en el frente a juicio también, de los jefes y de los compañeros de armas, en su caso.

 b) Haberse sumado a la preparación o realización del Movimiento Nacional con riesgo grave y perfectamente comprobado.

c) Haber prestado servicios a la Patria que, por salirse de lo normal, merezcan dicho título de excusa.

Artículo undécimo.— Para decretar las medidas a que se refiere el artículo octavo, así como para apreciar la concurrencia de excusas absolutorias del décimo, cuando se trate de militares profesionales de categoría igual o superior al de oficial de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, serán competentes los Tribunales de Honor, constituidos y funcionando conforme a las normas de sus respectivos Institutos. Las actas de dichos Tribunales serán elevadas al Consejo Superior del Ejército para su aprobación a los efectos, no sólo de mantener la pureza del procedimiento, sino  también la necesaria unidad de criterio en cuanto al fondo, pudiendo por este motivo someter los  fallos a revisión de un Tribunal mixto constituido por representaciones de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. A los fines de este artículo el Consejo Superior del Ejército funcionará ampliado con un representante del de Mar y otro del de Aire.

Artículo duodécimo.— Cuando se trate de otras personas no comprendidas en el artículo anterior, el decretar las medidas indicadas y apreciar la concurrencia de excusas absolutorias  corresponderá a un Tribunal especial presidido por quien libremente designe el Jefe del Estado y constituido, además, por un General del Ejército, un jerarca de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y dos letrados, nombrados todos del mismo modo. No obstante, la apreciación de la concurrencia de las circunstancias prevenidas en los apartados b) y c) del artículo décimo, corresponderá al Consejo de Ministros, a propuesta del Tribunal.

El Tribunal podrá comisionar la instrucción de expedientes y sumarios a los jueces de la jurisdicción ordinaria y a los de Ejército, Marina y Aire que se le adscriban a dicho efecto. Y previa celebración de juicio, con audiencia de un fiscal y del interesado, dictará sentencia. Contra ella podrá interponerse recurso en término de diez días, ante el Consejo de Ministros, por quebrantamiento de forma, error de hecho o injusticia notoria. 

Artículo décimo tercero.— La persecución de los delitos comprendidos en los artículos tercero, cuarto y noveno de la presente Le> se atemperará en todo caso a las normas de competencia y procedimiento señaladas en el artículo duodécimo.

Artículo catorce.— Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a los artículos que anteceden.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a primero de marzo de mil novecientos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

LEY ADICIONAL A LA PRECEDENTE:

Ley 1 de marzo de 1.940 (B.O.E. nº 12.667) para la Represión del Comunismo y la Masonería

Artículo primero.— Todo español o extranjero residente en España que antes del día 2 de marzo de 1940 haya ingresado en la Masonería está obligado a formular ante el Gobierno una declaración-retractación comprensivas de los siguientes extremos:

1. Nombre, apellidos, estado civil, vecindad, domicilio y profesión del interesado, con expresión de la categoría, clase y empleo si se trata de militar o funcionario.

2. Cargos o destinos que desempeña en la actualidad en el Estado, corporaciones públicas u oficiales, entidades subvencionadas y empresas concesionarias, incluso en Consejos de Administración.

3. Declaración del lugar y la fecha en que ingresó en la Masonería y de la persona por quien fue iniciado.

4. Nombre simbólico que tuvo y grado que alcanzó.

5. Jefes o Grados superiores a los que está subordinado.

6. Talleres, logias o grupos a los que ha pertenecido

7. Sesiones o reuniones a que ha asistido con expresión especial de las asambleas ordinarias o extraordinarias, nacionales o internacionales.

8. Cargos o comisiones que ha desempeñado en la secta

9. Razones que tuvo para ingresar

10. Información o datos interesantes sobre actividades de la secta, sobre jefes o compañeros en ella del declarante y sobre extremos que puedan servir con eficacia a la represión de la Masonería.

11. Si el declarante ha dejado de pertenecer a la secta; desde que fecha, en virtud de acto, por resolución, porque motivo, forma que revistió y cuantas circunstancias crea pertinentes en relación con la baja, separación o apartamiento.

12. Si concurre en el interesado alguna de las circunstancias de artículo 10 de la Ley (haber servido como voluntario de los frentes de guerra defendiendo la Causa Nacional, la conducta ejemplar en todos los momentos etc.)

13. Declaración de si por cualquier jurisdicción ha sido objeto de sanción y de que clase y cuantía por su condición de masón.

14. Retractación explicita del declarante por la que manifiesta que tiene rotos o rompe todos sus compromisos con la secta, abjurando de sus errores o ratificación, abjuración anterior.

15. Cuantas manifestaciones crea convenientes en relación con los extremos precedentes.

16. Juramento de que cuanto se contiene en la declaración-retractación es verdad y de que en ella no se ha omitido nada de lo que en la Ley de 1 de marzo de 1940 se dispone.

Artículo segundo.— La obligación de presentar la declaración-retractación se extiende incluso a los que con anterioridad al 18 de julio de 1936 hubiesen sido expulsados de la Masonería, dados de baja o hubiesen roto explícitamente con ella.

Artículo tercero.— El plazo de 2 meses para la prestación de la declaración-retractación comenzará a contarse a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo cuarto.— La declaración-retractación habrá de presentarse: Por los militares profesionales en activo, reserva o cualquiera que sea su situación, ante el General Jefe de la Región Militar, Comandancia General o Jefe Superior de las Fuerzas Militares en Marruecos en su caso, si se trata de Ejército de Tierra; ante el Comandante General del Departamento Marítimo y Almirante de la Escuadra si se trata del Ejercito de Mar; ante el correspondiente Jefe de la Región o Zona Aérea si se trata del Ejército del Aire; y ante el Director General si se trata de la Guardia Civil o Carabineros. En caso de tratarse de personal con destino en la Administración Central se hará ante las Secretarias Generales de los distintos departamentos.

Esta Ley, que ocupa las páginas 1.448 a 1454 del Boletín Oficial del Estado núm. 12.688, se extiende detalladamente en medidas coercitivas del máximo rigor sin ninguna contrapartida de garantía para el encausado.

Hay una Orden Circular dentro de las diversas provenidas para cumplimentar el texto y ejecución de Ley, siempre emanadas desde el Ministerio de la Presidencia, y que lleva el núm. de orden 12.674, emitida el 28 de abril de 1941 y publicada en el B.O.E. de 29 de abril de dicho año.

 Determina el paradero de todo el material incautado a la Institución o a sus miembros. “Se dispone que todos los documentos y ficheros de carácter masónico que obren en poder de Organismo oficiales y de personas particulares sean remitidos al Archivo de dicho Tribunal (Tribunal de Represión del Comunismo y la Masonería) que se encuentra instalado en Salamanca donde quedaran depositados”.